Los más de 70 mil millones de pesos que han invertido en los últimos años porcicultores y el mismo Gobierno por preservar el estatus sanitario de Colombia y mantener a raya el virus de la peste porcina clásica (PPC) están en riesgo de irse al garete por cuenta del contrabando continuado de cerdos desde Venezuela.
La problemática es tal, que cálculos de la Asociación Colombiana de Porcicultores (Asoporcicultores) estiman que al mes están ingresando de forma ilegal, y sin ningún tipo de control zoosanitario unos 8.600 animales y 1.660 canales. Eso equivale a cerca de 821 toneladas de carne.
Pero también está en riesgo que Colombia obtenga las certificaciones de erradicación total de la PCC, lo que es indispensable para que los porcicultores puedan abrir mercados internacionales de alta demanda como el de Corea del Sur, aprovechando el Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado con ese país.
«Desde nuestro sector, cada uno de esos cerdos de contrabando es como si entrara un arma nuclear al país, pues tenemos información de que en Venezuela no hay un proyecto confiable de control de la peste porcina clásica», comenta con preocupación Carlos Alberto Maya Calle, presidente de Asoporcicultores.
Y mientras desde el gremio se han prendido todas las alarmas en todas las instancias del Gobierno responsables de controlar esta irregularidad, ya se han identificado focos de la contagiosa peste que produce alta mortalidad porcina en La Guajira y Cesar, en agosto pasado.
«Desde Antioquia estamos en alto riesgo, pues tenemos la PPC erradicada y altos controles, pero desde el Cesar hay un corredor que puede hacer que llegue hasta Medellín, pasando por las granjas del norte del departamento. Si eso ocurre sería terrible para el sector», puntualiza Augusto Osorno Gil, director de la Asociación Nueva Porcicultura, que agremia a productores antioqueños.
Además, el negocio para los ilegales es redondo. Aprovechan la porosa frontera para cruzar, sobre todo cerdos en pie, por pasos no habilitados en camionetas y camiones pequeños. Cada uno de esos animales puede dar unos 80 kilos de carne, en promedio, y se comercializa a cerca de 3.000 pesos cada kilo, cuando los precios legales oscilan hoy entre los 4.800 y 5.000 pesos.
En esas condiciones, Asoporcicultores teme la proliferación de frigoríficos clandestinos en zonas de frontera, problema que de la mano del ICA y la Fuerza Pública se había mantenido controlado en el país durante los últimos años.
¿Y las medidas?
De la problemática saben desde meses atrás el Ministerio de Agricultura, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), la Dian y la Policía Fiscal Aduanera (Polfa). Con todos ellos se ha reunido Asoporcicultores y les han respondido que el tema es prioridad en varias mesas de trabajo.
Pero más allá de las buenas intenciones, faltan controles. El Colombiano consultó al general Gustavo Moreno Maldonado, director de la Polfa. El oficial respondió que en lo que va del año fueron aprehendidos y sacrificados 175 cerdos vivos, avaluados en 35,3 millones de pesos.
«Se han fortalecido y aumentado los controles en zonas de frontera. Con el ICA y el Invima, se están realizando constantes visitas aduaneras a los frigoríficos para verificar que los animales vivos sean efectivamente nacionales y que la carne en canal cumpla con las necesidades sanitarias», agregó el alto oficial, quien espera denuncias específicas sobre pasos ilegales que «conlleven a un ataque frontal a este delito».
De otro lado, este diario intentó sin éxito conocer qué medidas adicionales toma la Subgerencia de Protección Fronteriza del ICA, más aún cuando desde esa entidad se lidera el Plan Nacional de Erradicación de la PPC que arrancó en el año 2000 y que desde septiembre de 2011 declaró libre de la enfermedad el 70 por ciento del territorio nacional, incluido Antioquia.
«Los monitoreos arrojan que no había brotes del virus en varias regiones luego de suspenderse la vacunación y estamos cerca de que el país tenga certificación de erradicación, excepto en la zona de frontera. No se puede perder lo alcanzado y esto debe entenderse como un problema nacional», concluye el presidente de Asoporcicultores.
Fuente: El Colombiano
