El runrún estaba en el campo desde hace varias semanas y el Ministerio de Agricultura lo acaba de anunciar. Se han confirmado nuevos focos de lengua azul en Extremadura, tan dañina para el ganado ovino y caprino y en menor medida el vacuno, como inofensiva para el hombre, y que en la década pasada movilizó cuantiosos recursos públicos para su erradicación.
La Junta, por ejemplo, se gastó 8 millones en 2009. Ahora, casi dos años después de que se levantara la exigencia de vacunación, el departamento de Arias Cañete decreta que hay que vacunar necesariamente en más de centenar y medio de pueblos de la provincia cacereña, la gran parte de su territorio. También en pueblos limítrofes de Ávila y Toledo
Hay que inmunizar a las ovejas, cabras y vacas mayores de tres meses y la Dirección General de Ganadería de la Consejería de Agricultura va a facilitar 300.000 inyectables. Las vacunas son gratis porque las aporta la Administración (el Gobierno central se las da a la Junta), pero los profesionales del campo tendrá que pagar el trabajo del veterinario, salvo que la Junta regional diga lo contrario.
En la anterior legislatura, cuando también se dispuso la obligatoriedad de vacunar, el gasto del veterinario corrió a cargo del Ejecutivo extremeño. Desde 2004, Extremadura desarrolla campañas de prevención de esa enfermedad animal.
La confirmación de nuevos focos de lengua azul se esperaba en el sector. También que se localizaran en gran parte de la provincia de Cáceres, en casi todas las comarcas con peso ganadero menos en la de Trujillo. El Ministerio no aclara en qué municipios cuando habla de las comarcas de Valencia del Alcántara, Coria y Plasencia (entre las tres, casi cien pueblos). Sin embargo detalla perfectamente que hay explotaciones afectadas en 5 pueblos de la zona de Cáceres (Garrovillas, Hinojal, Monroy, Santiago del Campo y Talaván) y en 37 de la de Navalmoral.
«Los focos están ahí pero resulta increíble que unos municipios estén incluidos en la lista y otros colindantes no lo estén. En segundo lugar reclamamos a la Junta que colabore porque el coste para el ganadero será muy importante y no es nuestra culpa», señala Ángel García Blanco, presidente de Asaja Cáceres. Calcula que cada ganadero tendría que pagar al veterinario un euro por cada oveja o cabra vacunada y no menos de cuatro euros por cada vaca.
Desde la UPA, su responsable de Ganadería, Antonio Prieto, maneja un discurso similar. Se opone a que los ganaderos tengan que cargar con la responsabilidad sanitaria que -dice- le corresponde a las administraciones. «Los recortes que se han llevado en áreas como la sanidad animal han repercutido en mayores costes para los profesionales del campo», sentencia.
Por último, los colegios de veterinarios y la Junta subrayan que los focos de lengua azul no deben dar lugar a una alarma ciudadana. La enfermedad está bastante controlada por campañas anteriores. «Se han puesto los medios para erradicarla», agrega Jesús Barrios, director general de Ganadería.
Fuente: Hoy.es
